El Foro Ciudadano y otros organismos demandaron a las autoridades judiciales dejar atrás los prextos para no castigar la prevaricación
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al considerar que no ha habido “ningún tipo de respuesta” a las “múltiples denuncias públicas sobre actos de corrupción”, un grupo de organizaciones civiles, como el Foro Ciudadano y Participación Ciudadana, exigieron este jueves al Congreso, a los organismos judiciales y a la Cámara de Cuentas emprender investigaciones para castigar el nepotismo, la prevariación.
El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) ha sido apoderado de expedientes de denuncias de corrupción por parte de organizaciones sociales, pero hasta la fecha no se conocen los resultados de las investigaciones realizadas”, indicaron los organismos en un expediente remitido al procurador general, a la Suprema Corte de Justicia, a los presidentes de las cámaras legislativas y de la Cámara de Cuentas.
El documento también fue remitido al presidente de la Comisión Nacional de Ética y al titular del propio DPCA.
Con su solicitud, los grupos sociales exigen a todos los destinatario emprender acciones “frente a las denuncias de corrupción realizadas por las periodistas Nuria Piera y Alicia Ortega”.
Así como investigar “todas las denuncias que han sido depositadas en los departamentos competentes para fines de investigación, sin haber obtenido ningún tipo de respuesta”.
Aunque no se refirieron a ningún caso en específico, Piera reveló recientemente que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, había nombrado a más de 40 parientes en esa institución.
Además, el ex titular del desaparecido Programa de Reducción de Apagones (PRA), Marcos Lara, había designado en puestos ejecutivos, con salarios de hasta 120 mil pesos mensuales, a familiares y allegados de su congregación religiosa, según otro reportaje de Piera.
“Esperamos de cada una de las instituciones que ustedes representan (…) poner fin a la tolerancia de las prácticas corruptas”, insistieron los organismos sociales en su carta.
Tolerancia
Y es que, según detallaron, “al igual que en el caso del DPCA, la población percibe que la Comisión Nacional de Ética Pública es un organismo inoperante”.
Por ello pidieron a todos los organismos emprender acciones y dejar a un lado los pretextos para no investigar las denuncias públicas y perseguir y castigar a los autores de hechos de corrupción.
No más pretextos
Según los organismos civiles, tanto el Ministerio Público, como los jueces han tenido pretextos para justificar la inercia ante casos de corrupción, como “que los denunciantes no han aportado las pruebas pertinentes” o que “determinadas conductas no están sancionadas”.
El documento recuerda que el artículo 102 de la Constitución establece que serán sancionadas “las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.
Además, insiste, los artículos 166 y 168 del Código Penal castiga a los funcionarios que cometan prevaricación.
“Obviamente es un prevaricador aquel funcionario que designa familiares en la entidad pública que se le ha encomendado dirigir”, insistieron los representantes de las organizaciones sociales firmantes del documento.
La carta, entregadas este jueves al procurador general, Radhamés Jiménez Peña, está firmada por Ramón Batista, del Foro Ciudadana, Samir Chami, de Participación Ciudadana, Ignacio Méndez, de la Federación de Asociaciones Industriales, Harold Molina, del Centro Juan XXIII, Margino Corporán, de Fundación Probién, Octavio Figueroa, del Centro Juan Montalvo, Margio Bergés, de La Lucha, y José Ceballos, de Ciudad Alternativa.
La demanda de acciones contra la corrupción también está apoyada por varias decenas de organizaciones.
Políticos de dos partidos de incidencia nacional tuvieron ayer reacciones disímiles ante los resultados de una encuesta que sitúa a los partidos como una de las instituciones más corruptas del país.
